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LA NOTICIA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en 2016 publicó una serie de estadísticas sobre el consumo de alcohol per cápita (APC, por las siglas en inglés de Alcohol Per Capita Consumtion), indicó que la República Dominicana consume unos 6.6 litros de alcohol per cápita por debajo del promedio regional, mientras que el de Latinoamérica es de unos 6.8 litros anuales.
Según indica el estudio, Latinoamérica consume más alcohol por encima del promedio mundial que era de unos 6.4 litros anuales, lo cual equivale a 1.5 tragos diarios.
Cabe destacar que la región integrada por los países de América Latina y el Caribe, no es la primera ni la segunda en consumo de alcohol en el mundo, sino que se encuentra en la quinta posición de un total de 14, detrás de regiones integradas por países con mayor poder adquisitivo como Europa (en primer lugar, con 11.3 litros al año), América del Norte (9.7 litros) y Asia (7.3 litros).
Una vez dentro de Latinoamérica se puede ver que los países que figuran en los primeros tres lugares en cuanto a APC son Uruguay, con 10.9 litros al año; Saint-Lucia, con 9.9 litros; y empatados en tercera posición, Argentina y Barbados, con 9.7 litros.
Sin embargo, los datos de consumo de alcohol en Latinoamérica pierden protagonismo frente a los presentados por la otra cara de la moneda, la del comercio de alcohol ilícito.
A pesar de ser la quinta región del mundo en consumo de alcohol regulado, todo parece indicar que Latinoamérica se perfila a ser la región líder en consumo de alcohol ilícito del mundo.
Asimismo, el estudio realizado por Euromonitor Internacional, publicado recientemente, reveló que el comercio ilícito de bebidas alcohólicas ha aumentado 9.7% en América Latina desde que inició la pandemia, y estimó que al cierre de 2020 el mercado de alcohol ilícito en la región sería de casi 750 millones de botellas de 1 litro.
En el mencionado estudio, titulado “Tamaño y forma del mercado global de alcohol ilícito”, Euromonitor descubrió que en la región se registró un “crecimiento consistente en actividad ilícita motivado por las restricciones de acceso a canales formales de venta impuestas por los gobiernos, que fueron aprovechadas por quienes producen y venden bebidas ilegales”.
De acuerdo con la investigación, Colombia fue el país con mayor porcentaje de crecimiento de actividad ilícita en 2020 con relación al 2019, con un 10.6%. En segundo lugar estuvo Brasil, con un incremento de 10.1%; luego México, con 9.8%; República Dominicana, con un 9.4%; en quinto lugar, Perú con un 6.5%; y en sexto Panamá, con un 6.4%.
Los señalamientos de Euromotor coinciden con lo publicado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT, por las siglas en ingles de Transnational Alliance to Combat Illicit Trade), que este mes de enero publicó un estudio titulado “Prohibición, alcohol Ilícito y las lecciones aprendidas durante el encierro”, en el que analizan el efecto de las “leyes secas” que fueron aplicadas en algunos países de Latinoamérica y del resto del mundo, y su incidencia en el aumento de la comercialización de alcohol ilícito.
“A través de la historia se ha demostrado que las restricciones repentinas en el acceso al alcohol legal, en particular las prohibiciones absolutas y ‘leyes secas’, dan como resultado el crecimiento de mercados ilícitos con implicaciones para la salud de los consumidores y graves impactos financieros para los gobiernos”, indica el documento publicado por TRACIT a principios de este 2021.
En el referido estudio, TRACIT reflexionó sobre las consecuencias más alarmantes generadas por el aumento del comercio ilícito, que son los riesgos a la salud asociados con las bebidas alcohólicas no reguladas.
A propósito de esto, la organización publicó ciertas recomendaciones para los gobiernos de Latinoamérica y el resto del mundo, invitándolos a “evitar las leyes de prohibición como medidas de respuesta de emergencia para proteger a las personas de la propagación de virus”, así como a “garantizar la disponibilidad y el acceso a productos legítimos que se ajusten a los objetivos de distanciamiento social, sin inducir la demanda de sustitutos ilícitos”.
El documento de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito, concluyó pidiendo a los gobernantes considerar el no imponer «impuestos de emergencia» sobre las bebidas alcohólicas porque este enfoque de “solución rápida” podría resultar en un menor consumo de bebidas legales y una disminución en la recaudación de impuestos, entre otras desventajas.
Para finalizar, habría que darle la razón a TRACIT, pues en República Dominicana se tienen buenos ejemplos de cómo los impuestos excesivos pueden hacer crecer el comercio ilícito.
De acuerdo con el economista Henri Hebrard, esto es exactamente lo que sucedió tras la reforma fiscal de 2012-2013, la cual tuvo un enorme impacto sobre los niveles de ilícito en el país al encarecer los precios de las bebidas alcohólicas “por el peso creciente de la fiscalidad sobre el sector”.
