Dictan prisión preventiva a 14 árbitros que favorecieron a Odebrecht en Perú

Entre los árbitros que recibieron la prisión preventiva está Humberto Abanto, actual abogado del exministro Jaime Yoshiyama y exsecretario general de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, recluida en prisión preventiva por presunto lavado de activos.

Abanto se negó a presentar sus recibos por honorarios correspondientes a los arbitrajes entre Odebrecht y el Estado peruano, lo cual fue considerado por el fiscal adjunto Hamilton Montoro como un intento para ocultar sus excesivos ingresos por estos casos.

Uno de los árbitros investigados de mayor edad, Emilio Cassina, de 83 años, recibió arresto domiciliario debido a su estado de salud.

A su turno, el fiscal Germán Juárez recordó que Odebrecht admitió su culpabilidad en los casos de arbitrajes y, por lo tanto, consideró que existen “más que elementos suficientes que acreditan sobornos para los árbitros a efectos de que laudaran a favor de Odebrecht”.

De acuerdo a la investigación fiscal, Odebrecht encargó al abogado Horacio Cánepa el pago de sobornos a los árbitros que participaron en 26 procesos de arbitraje con el ministerio de Transportes y Comunicaciones y otras instituciones públicas, entre 2008 y 2016.

Cánepa fue el árbitro de Odebrecht en 13 procesos, recibiendo 50.000 dólares por cada caso, más un bono de éxito equivalente al 1 % del monto laudado, lo que significó un ingreso de 1,4 millones de dólares para este abogado, según detalló el diario La República.

Asimismo, Cánepa recibió otros 1,1 millones de dólares para pagar a otros árbitros que fallaron a favor de la constructora.

Los árbitros que recibieron la orden de prisión preventiva por 18 meses son Humberto Abanto, Randol Campos Flores, Luis Pardo Narváez, Richard Martín Tirado, Weyden García Rojas, Luis Pebe Romero, Alejandro Álvarez Pedroza, Ramiro Rivera Reyes, Franz Kundmuller Caminti, Fernando Cantuarias Salaverry, Mario Castillo Freyre, Marcos Espinoza Rimachi, Alfredo Zapata Velasco y Daniel Linares Prado.

En los exteriores del Palacio de Justicia se produjeron agresiones entre un grupo de personas que critican a los fiscales anticorrupción, y que están vinculados al partido Fuerza Popular, y los periodistas que siguen el proceso sobre el escándalo Lava Jato.